Situación de Honduras \
  Situación de Honduras
  Antecedentes históricos del desarrollo local en Honduras

En los tiempos de la colonización española, Honduras fue organizada en territorios administrados y controlados por cabildos establecidos en las regiones de interés para la explotación, tales como los centros mineros. A partir de la independencia en 1821, hasta la actualidad ha ocurrido una serie de acontecimientos que caracterizan la administración pública y territorial del estado hondureño. Los sucesos ha destacar son los siguientes:

Constitución de 1825 Se divide el territorio en departamentos con un Jefe Político que los gobierna y con potestad para nombrar a los alcaldes.

Constitución de 1831 Se introduce la elección popular del Jefe Político y a partir de ese momento se les denomina Gobernadores. Constitución de 1880 Se define la autonomía de las municipalidades en los ámbitos económicos y administrativos.

1927, Primera Ley de Municipalidades Con esta ley se ratifica la autonomía municipal concedida en la constitución de 1880.

1939 Se crean 31 distritos administrados por consejeros nombrados por el Poder Ejecutivo, suprimiendo con ello la autonomía municipal.

1957 Se eliminan los distritos restableciéndose la autonomía municipal Constitución de 1982 La Constitución vigente ratifica la autonomía municipal y en esa década comienza el debate político sobre la necesidad de introducir reformas al régimen municipal A partir de 1990 Se aprueba y entra en vigencia la nueva Ley de Municipalidades.

Asi mismo otras leyes relevantes para el desarrollo local como la Ley para la Modernización del Estado, Ley de Agua y la Ley de Ordenamiento Territorial. Se establecen programas y proyectos de desarrollo local, modernización del estado y fortalecimiento municipal. Se hace efectiva la transferencia constitucional (5%) a los Gobiernos locales La organización territorial del Estado es de carácter unitario. Los 18 departamentos son la división política del territorio hondureño, pero carentes de competencias y gobierno; la subdivision de estos conforma 298 muncipios que disponen de reconocimiento constitucional y de un papel fundamental en los pretendidos procesos de democratización y descentralización que han de llevarse a cabo en el país.


Situación actual En Honduras se ha realizado en las últimas dos décadas un cambio estructural orientado al sistema mundial de la economía de mercado. Las reformas hacia una economía abierta entre 1991 y 1998, generaron una tasa promedio de crecimiento anual de 3.7%. Luego de una corta interrupción por el Huracán Mitch, que en la región afectó más a Honduras, se han registrado desde el año 2000 cifras positivas en este crecimiento. En el año 2002, llegó al 2%, inferior a la tasa anual de crecimiento demográfico equivalente 2.6%. Honduras, con un ingreso percápita de 900 dólares (2001), está junto con Haití y Nicaragua entre los países más pobres de Latinoamérica. De una población de más de 7.07 millones de habitantes, se estima que un 48.3 % viven en áreas urbanas y el 51.7 % restante en áreas rurales, cerca del 75% de la población rural y el 57% de la población urbana viven bajo la línea de extrema pobreza. El estado hondureño mantiene aún una serie de responsabilidades en la provisión de bienes y servicios públicos, mismos que le fueron sustraídos a las municipalidades en los años 30; quedando con ello relegadas a la dependencia económica y política del poder central y a reducida prestación de servicios públicos. Como resultado impera el aprovechamiento irracional de los recursos y el incremento de la pobreza, dando lugar a que el corredor central y la costa atlántica norte de Honduras se desarrolle más rapidamente que las zonas rurales. Los esfuerzos de descentralización, se han incrementado en los años 90, aún asi Honduras continua siendo un país fuertemente centralizado entre las dos ciudades principales: Tegucigalpa y San Pedro Sula. Entre estas se concentra el 60% de la actividad empresarial, comercial, productiva y de oportunidades de empleo; contrario a las demás regiones del país, donde esta dinamica es incipiente. La Ley de Municipalidades de 1990 es el hito que marca el mayor avance en la descentralización, al atribuirle a las municipalidades funciones y servicios, que incluyen

1. La planificación y la regulación del desarrollo urbano.

2. El manejo de desechos sólidos.

3. El abastecimiento de agua potable, alcantarillado y sistemas de tratamiento.

4. El mantenimento de las vías urbanas, iluminación pública y limpieza de calles,

5. El catastro y registro de propiedades inmuebles.

6. la administración de mercados públicos, cementerios, el funcionamiento de mataderos.

En la práctica, el limitado acceso a recursos humanos y financieros, entre otros, impide que las municipalidades puedan cumplir con las funciones antes enumeradas. El lento avance en la modernización del estado se debe a la concepción del Gobierno Central como el ente supremo, con atribuciones de orientar y realizar el proceso de desarrollo del país en general. Los esfuerzos por la descentralización y desarrollo local, surgen a partir del huracan Mitch, posterior al cual se creo el grupo consultivo de Estocolmo y que se concretó en la Estrategia de la Reducción de la Pobreza ERP. Dentro de esta estrategia la descentralización se constituye en un eje transversal necesario, aunque no existen políticas consistentes en esta materia.

La Estrategia de Reducción de la Pobreza:

En el documento de la ERP se señalan como causas de la pobreza en el país el lento crecimiento económico y el bajo ingreso percápita, la desigual distribución del ingreso el bajo nivel de escolaridad y la baja productividad del empleo, también se considera la presión demográfica y sus efectos sobre los recursos naturales, el bajo nivel de participación de los pobres, el deterioro de los valores culturales y muy particularmente las limitantes de los gobiernos locales. La ERP establece cinco grandes lineamientos de actuación para reducir la pobreza de manera significativa:

- Priorizar acciones tendientes a la reducción sostenible de la pobreza.

- Priorizar las acciones en favor de los grupos y zonas más postergadas del país.

- Fortalecer la participación de la sociedad civil, la descentralización y el desarrollo municipal.

- Fortalecer la gobernabilidad y la democracia participativa.

- Disminuir la vulnerabilidad ambiental y su impacto en la pobreza. La descentralización y el desarrollo local se consideradan como líneas transversales en la ERP.

En su carácter de política de Estado como documento estrategia de país que debe asumirse por distintos gobiernos. Se denomina transversal porque en cada uno de los sectores de actuación pública (ambiente, educación, salud, servicios sociales, agua y saneamiento, entre otros) se reconoce en los gobiernos municipales los roles de facilitar el desarrollo local y prestar servicios públicos. Sin embargo, la transversalización de la descentralización en las mesas sectoriales de seguimiento a la ERP y la falta de mecanismos e instrumentos estratégicos para concretarse a nivel local han impedido hasta el momento medir el impacto y evaluar los procesos a nivel local, en la mayoría de los casos aún no se han llegado a implementar.

El Programa de Descentralización y Desarrollo Local: El PRODDEL 2003-2006 y su respectivo Plan de Acción es el marco estrategico del gobierno para modernizar el estado hondureño. Este Programa es coordinado por la Secretaría de Gobernación y Justicia, y en él participan distintas Secretarías de Estado, varias instituciones públicas vinculadas al proceso y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

El PRODDEL se estructura en cinco componentes con sus programas y objetivos específicos. Dichos componentes son:

▫ Fortalecimiento para el Desarrollo Local

▫ Descentralización Fiscal y Gestión Financiera Municipal

▫ Descentralización de los Servicios Públicos

▫ Fortalecimiento Institucional, Gobernabilidad y Transparencia

▫ Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial.

Los resultados y sus impactos hasta ahora no se terminan de materializar, no sólo por las débiles propuestas de las instituciones del gobierno nacional, sino también por la falta de comunicación, concertación y coordinación con los principales socios: las muncipalidades y su asociación gremial, la AMHON para la incidencia central. La Secretaría de Gobernación y Justicia (SGJ) es en la actualidad garante del proceso de descentralización pero al encontrarse en un nivel horizontal con el resto de secretarías, no tiene ninguna incidencia sobre éstas, desarrollando cada una su estrategia sin directrices ni integralidad. En consecuencia la descentralización está considerada externa e independiente al proceso de modernización del Estado. No obstante, cabe mencionar que la AMHON logró el 2005 el compromiso de los partidos políticos y los candidatos presidenciables mediante la firma del Pacto Nacional por la Descentralización y el Desarrollo Local. El concepto de descentralización planteado en la ERP y en el PRODDEL, incluye la transferencia de responsabilidades a las municipalidades pero también a otras instancias locales. Bajo tal escenario se promueve la participación de empresas de índole mercantil y ONG, que bajo formas de concesión pueden constituir opción en la prestación de ciertos bienes. Conviene distinguir el papel que los gobiernos locales deben asumir en su atribución de coordinadores en el término municipal, como también en asegurar el respeto a la autonomía y la garantía de prestar los servicios en forma accesible y bajo condiciones de equidad a la población. En resumen la situación de las municipalidades se caracteriza por un bajo nivel de desarrollo institucional y por la insuficiencia de recursos financieros. Con frecuencia estos gobiernos locales tienen experiencias exitosas en el manejo de su administración tributaria y en la prestación de servicios básicos, redescubriendo su autonomía fiscal mediante contribución de programas de fortalecimiento a las capacidades locales ejecutados en la última década.
   
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